Unidad de Investigación
Luego de cinco meses de pesquisas, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente ayer al exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Ello con relación al pago irregular de S/41 millones a Aionia Technology Corporation S.A.C. por parte de Essalud, efectuado en febrero pasado.
MIRA: Aurelio Orellana declaró que el exministro Adrianzén le pidió que “le avise cuando se realice el pago” de Essalud a Aionia
Según la denuncia constitucional presentada ante el Congreso, hubo un “interés indebido” de Adrianzén, hombre de confianza del primer ministro Alberto Otárola, en que el seguro social cancelara con celeridad la deuda que tenía con la mencionada empresa por la compra de más de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19.
Essalud es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, sector en el que Adrianzén fue titular de enero a abril de este año.
En junio último, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló conversaciones vía WhatsApp y testimonios claves que evidenciaban la injerencia de Adrianzén en el millonario desembolso. Estos elementos son considerados como parte del sustento de la denuncia constitucional.
Evidencias
El Ministerio Público concluyó que el exministro de Trabajo realizó actos con los que se “habría materializado el interés indebido”.
Entre estos hechos están las conversaciones y reuniones que sostuvo con el entonces jefe de Essalud, Arturo Orellana, registradas entre enero y febrero del 2023, en las cuales se hizo referencia al pago a Aionia.
Así lo confirmó el propio Orellana, quien ante la fiscalía sostuvo que se reunió con Adrianzén en su despacho en Essalud el 25 de enero pasado. Indicó que, en la cita, el exministro le entregó el documento presentado por Aionia en el Ministerio de Trabajo para que se le cancelara la deuda.
“[El entonces ministro Adrianzén] me manifestó que le tenga informado del caso y que le avise cuando se realice el pago”, afirmó Orellana.
Al día siguiente tuvo una nueva reunión con Adrianzén sobre el mismo tema. Acudió al Ministerio de Trabajo y le informó que “era un pago normal de deudas adquiridas por Essalud en la época de la pandemia y que estaba en proceso de cumplimiento de la obligación del laudo, dentro de los plazos establecidos”.
A inicios de febrero, el interés y la presión para cancelar la deuda se mantuvo, según los chats publicados por este Diario.
“Tengo nuevas alertas sobre la acción en curso. Nuevamente y, pese a tus indicaciones, el área financiera quiere fraccionar el reconocimiento del laudo distorsionando su verdadero sentido. [...] Me parece que este tipo de acciones fuera de libreto dan en la práctica una mala señal”, le escribió Adrianzén a Orellana.
En el interrogatorio, el exjefe del seguro social señaló que esa actitud no era habitual, pues antes no había recibido requerimientos en tal sentido por parte del titular del sector Trabajo.
Otro testimonio recogido por la fiscalía, al que este Diario accedió en su momento, es el del gerente central de Gestión Financiera de Essalud, Publio Román, quien afirmó que Orellana le solicitó información sobre el abono a Aionia y pidió que se le notifique por chat, porque el ministro Adrianzén requería esos datos.
“Con transparencia, sin temor y la verdad por delante, me someto plenamente al procedimiento que disponga la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para esclarecer el tema”, expresó Adrianzén anoche en Twitter.
Antecedentes
El desembolso de S/41 millones estuvo paralizado desde enero del 2021 debido a las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de licitación.
La Contraloría General de la República alertó sobre el direccionamiento a favor de Aionia y el sobrecosto en las pruebas rápidas.
El expresidente de Essalud Arturo Orellana y la exasistenta presidencial Grika Asayag también son investigados por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias.
En declaraciones anteriores, Asayag indicó lo siguiente: “[Orellana me dijo] que había pruebas de que otras personas eran las que estuvieron intercediendo por el pago”.
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