Patricia Benavides y la historia del soborno frustrado por S/1 millón: ¿Qué papel cumplió Grika Asayag, exasesora de Dina Boluarte?

Uno de estos procesos tuvo relación con la implementación de un Data Center principal y otro de contingencia en el Ministerio Público por un valor total de S/141′083.845.

De acuerdo con la pesquisa del Eficcop, por esta buena pro, Benavides aceptó recibir S/1 millón como coima por parte de Giancarlo Valer Enciso, un oficial de Fuerza Área del Perú (FAP) en retiro con nexos con empresas que realizan inversiones millonarias. Él es uno de los detenidos en la operación Valkiria XI que se realizó en la madrugada del último martes.

En julio de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para la implementación del “Programa de Mejoramiento de los Servicios de Justicia en materia penal en el Perú”. Dentro de este paquete se incluyó una partida para el Ministerio Público. En mayo de 2023, ya con la suspendida fiscal suprema al frente de la institución, se inició la convocatoria para la licitación pública.

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El primer contacto

En los primeros días de junio de ese año, Jaime Villanueva, entonces principal asesor de Benavides, llamó a Grika Asayag O’Besso, ex asistenta de la presidenta Dina Boluarte. “El Filósofo” estaba interesado en direccionar la licitación pública Nº006-2023-MP-FN-UE011-BID, referida al Data Center principal y otro de contingencia.

Asayag O’Besso lo invitó a almorzar en el restaurante Pesco Pescadería, en Miraflores. Aquí ella le dijo que tenía “un amigo empresario de nombre Giancarlo Valer Enciso”.

Villanueva refirió, en aquella oportunidad, que conocía al oficial FAP en retiro, porque habían trabajado juntos en Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Ante esta coincidencia, la empresaria coordinó una cita con el lobbista en la casa de este, en Surco.

‘El Filósofo’ acudió a la reunión con Miguel Girao, otro consejero de Benavides, y al llegar al sitio se encontraron con Valer, Asayag y también con Óscar Nieves Vela, quien fue consejero legal de Boluarte Zegarra.

Durante el encuentro, Valer les comentó a los asesores de la entonces fiscal de la Nación que en los próximos días la Unidad Ejecutora Nº011- Carpeta Fiscal Electrónica del Ministerio Público lanzaría la licitación por el Data Center por más de S/130 millones. También les dijo que, si ellos ayudaban a que una empresa ligada a él ganará este proceso, ambos obtendrían “una buena cantidad de dinero”.

El oficial FAP (r), además, refirió que estaba dispuesto a participar en “cualquier proceso de contratación” que tenga la Fiscalía, al remarcar que él tenía amigos empresarios a los que Villanueva y Girao podían ayudar y que a cambio ellos podían recibir un porcentaje del costo total de la licitación.

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De S/500 mil a S/1 millón

Dos meses después, en agosto de 2023, Valer se volvió a reunir con Villanueva y Girao, pero esta vez en el edificio “Lima Central Tower”, de Surco, donde les informó que iban a recibir S/500 mil si concretaban el direccionamiento del Data Center. No obstante, ninguno pudo ejercer influencia sobre la funcionaria que tenía a su cargo la licitación.

Por ello, en otra cita con Valer le comentaron que era necesaria la intervención de Benavides y que él debía coordinar con los socios de la empresa postora “la cantidad de dinero que se debía entregar a la exfiscal de la Nación”.

Unos días después, el capitán FAP (r) les confirmó a “El Filósofo” y a Girao que los empresarios a los que representa acordaron entregarle a la titular del Ministerio Público “la suma de S/1′000.000″.

Villanueva le hizo saber a Benavides sobre el proceso de licitación y la negociación que había realizado, incluyendo el pago de un soborno a su favor.

Según la investigación del Eficcop, que dirige la fiscal superior Marita Barreto, la suspendida fiscal suprema aceptó “inmediatamente hacerse de esa cantidad de dinero” y evidenció “su compromiso con el acuerdo ilícito”.

Cambio en la unidad ejecutora

Una muestra de este compromiso por parte de la ex titular del Ministerio Público fue que el 17 de octubre último, a través de la resolución N°2709-2023-MP-FN, designó a Blanca Aurora Arce Barboza como directora ejecutiva de la Unidad Ejecutora 011- Carpeta Fiscal Electrónica, que tenía a su cargo la licitación del Data Center.

El nombramiento de Arce Barboza fue “concertado y gestionado” por Valer Enciso y Villanueva, subrayó el equipo especial.

Una vez en el cargo, Arce Barboza dispuso, por influencia del capitán FAP (r) y “El Filósofo”, el cambio de la conformación del comité de selección de la licitación.

“Es así que, Giancarlo Valer Enciso aprovechando su cercanía con Blanca Arce Barboza habría concertado con esta para que Jenny Ochante Cahuana forme parte del comité de selección y pueda hacer cualquier argucia para que la empresa vinculada a Valer pueda verse favorecida con esa millonaria contratación”, remarcó el Ministerio Público en su pesquisa.

El 20 de noviembre de 2023, la referida funcionaria comunicó al BID que el comité de selección recomendó la adjudicación del Data Center a favor de la empresa Italtel Perú S.A.C. y solicitó la no objeción de esta entidad para proceder a la entrega de la buena pro.

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La respuesta del BID llegó al Ministerio Público el 27 de noviembre. El banco planteó la revisión integral del informe del comité de selección.

Precisamente, ese día, el Eficcop había detenido a Villanueva y allanado las oficinas de los asesores de Benavides en la operación Valkiria V.

El 19 de diciembre pasado, el BID informó que no podía otorgar la no objeción a este proceso, dado de que de su análisis “se observan factores que pueden afectar la implementación de las actividades del contrato”. Y dos días después, Arce Barboza comunicó a la empresa Italtel Perú S.A.C. que se rechazó su oferta.

A raíz de su suspensión y que la buena pro no se entregó a la compañía ligada a Valer Enciso, el pagó del millonario soborno a favor de Benavides no se concretó.

Arce Barboza renunció el martes al cargo de directora ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Para el Ministerio Público, los hechos descritos fueron parte de “actos colusorios” que se generaron a partir de la reunión entre Villanueva y Asayag. Esta última no figura como investigada en la pesquisa del Eficcop.

Este Diario intentó comunicarse con Asayag, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.

En diálogo con El Comercio, el excongresista Jorge del Castillo, abogado de Benavides Vargas, indicó que su patrocinada rechaza haber negociado y recibido sobornos de parte de empresas que postularon u obtuvieron licitaciones en el Ministerio Público durante su administración.

“¿Cómo pueden afirmar que había una coima acordada por S/1 millón por un proceso que no se realizó? Eso pasa por el BID. La doctora Benavides no tiene nada que ver, si hay algún vivo que haya engañado a incautos, eso es tema de ellos, ella rechaza tajantemente, no tiene ninguna participación”, manifestó.

Del Castillo también refirió que la buena pro para la compra de computadoras se realizó a través de Perú Compras y fue un concurso automatizado.

“Eso es una patraña y solo lo dice Villanueva, en el proceso de compra no hay intervención humana”, acotó.

Más información

El Eficcop señala que Benavides recibió coimas por dirigir dos licitaciones para la compra de 729 computadoras por S/,7,5 millones. Uno de estos sobornos habría sido de S/30 mil.

Para el equipo especial, Villanueva y Girao “comercializaron la institucionalidad del Ministerio Público a intereses delictivos”, como el de José Luis Castillo Alva, investigado en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Castillo Alva habría entregado a ambos asesores de Benavides US$60 mil, a cambio de promover la designación de “fiscales a su conveniencia para lograr el archivamiento” de las imputaciones en su contra. Y, además, para poner a disposición al capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho para que presente un informe a favor de la exfiscal de la Nación ante la JNJ.

Además…

¿Quién es Asayag?

En marzo de 2023, la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que dos empresas y la hija de Grika Asayag, exasesora y amiga de la presidenta Dina Boluarte, obtuvieron contratos con el Estado, luego de que ella se reuniera con altos funcionarios de los sectores ministeriales a los que pertenecen las entidades o áreas que emitieron las órdenes de servicio correspondientes. Esto durante la administración del exmandatario Pedro Castillo.  

Asayag también brindó servicios al Despacho Presidencial hasta inicios de marzo del año pasado, cuando se suspendió su contratación debido a que presuntamente presentó certificados falsos para acceder al puesto, como dio a conocer el programa “Cuarto Poder”. 

La empresaria también es investigada por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, a raíz del pago irregular de S/41 millones realizado por Essalud a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C., que se concretó el 11 de febrero del año pasado.  

En este caso también están comprendidos el actual titular de Essalud, Arturo Orellana, y el exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén, hombre de confianza del primer ministro Alberto Otárola.